Una ordenanza del 21 de agosto de 2019 aclaró los procedimientos para implementar Pro-A, al exigir a los interlocutores sociales que negocien a nivel de ramas profesionales los convenios que determinen las certificaciones elegibles para el sistema.
Una vez concluidos, estos convenios se remiten a la Dirección General de Trabajo, que procede a su prórroga mediante la emisión de un decreto publicado en el Diario Oficial.
Como recordatorio, esta ampliación está sujeta al cumplimiento de criterios que den fe de un cambio significativo de actividad dentro del sector en cuestión. La administración también tiene en cuenta el riesgo de obsolescencia de las habilidades de los empleados.
Dependiendo de las disposiciones negociadas a nivel de la sucursal, corresponde a Uniformation cubrir la totalidad o parte de los costos educativos, así como los costos de transporte y alojamiento incurridos bajo el Pro-A, sobre la base de una suma global. Si el convenio de rama extendido por el Ministerio de Trabajo lo prevé, la OPCO podrá incluir en su cobertura la retribución y cargas sociales legales y contractuales de los empleados, dentro del límite del salario mínimo horario.
Nota: cuando la formación tiene lugar durante el horario laboral, la empresa debe mantener ...
