El fenómeno de la “uberización” golpea a muchos sectores económicos. El de la educación para conducir no es una excepción. Hay que decir que el legislador lo alentó, en nombre del objetivo de democratizar el carnet de conducir. Para la ley n ° 2015-990 del 6 de agosto de 2015 para el crecimiento, la actividad y la igualdad de oportunidades económicas (arts. 28 a 30), conocida como “ley Macron”, esta democratización tuvo que pasar por una liberalización del instrucción de conducción. A tal efecto, diversas medidas contenidas en esta ley han buscado modernizar las relaciones entre estudiantes y autoescuelas, en particular ofreciendo a estos últimos la posibilidad de celebrar contratos de forma desmaterializada, previa realización de una evaluación del alumno por un profesor en el local o en un vehículo del establecimiento. Sobre la base de esta legislación, han aparecido plataformas desmaterializadas que ofrecen a los candidatos gratuitos al carnet de conducir una conexión con profesores independientes (que generalmente desarrollan su actividad bajo el régimen de microempresarios) de conducta supuestamente voluntaria, pero alquilar realmente un vehículo de aprendizaje al estudiante, siendo la plataforma remunerada por una comisión recibida en el